Existe una amplia y diversa literatura en el abordaje de las políticas públicas, la cual varía de acuerdo a múltiples elementos, entre ello, el enfoque y periodo de tiempo en el que se han definido y caracterizado. A pesar de ello, pueden identificarse puntos en común en dichas definiciones, que permiten ubicar elementos centrales en su caracterización, tales como intentar comprender la complejidad del Estado moderno en la toma de decisiones públicas, las vinculaciones que se construyen con los múltiples actores y los diversos saberes que confluyen para intentar dar respuesta a los problemas públicos.
Desde una visión positivista y racional, las primeras corrientes teóricas como la de Harold Lasswell, el cual acuñó en 1951 el concepto de policy sciences, ponen en el centro la necesidad que el Estado, a través de sustento científico puede responder a las necesidades sociales de la población de manera eficiente y racional (Lasswell, 1951, citado en Ortegón, 2019, p. 32). Por otro lado, autores contemporáneos como Roth (2002), parten del hecho que la acción gubernamental es realizada por personas que no actúan necesariamente bajo lógicas racionales y que factores como la incertidumbre, la complejidad y el conflicto, van definiendo la correlación de fuerzas para priorizar problemas públicos a través de las políticas públicas. Además, hace énfasis en el análisis de una gama amplia de actores individuales y colectivos más allá del Estado, que juegan un papel determinante para atender situaciones percibidas como insatisfactorias.
En el caso de Guatemala, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, (Segeplan) como ente rector de las políticas públicas, las define como «instrumentos de diálogo y consenso entre el Estado y la ciudadanía, para responder, abordar, solucionar o mitigar las necesidades y problemas públicos identificados, desde una perspectiva integral de mediano y largo plazo, en función del desarrollo sostenible del país». (Segeplan, 2017).
A partir de las reflexiones anteriores y el devenir del concepto en el tiempo, podríamos sostener que las políticas públicas dejan de ser vistas desde el lente de la racionalidad económica y exclusivas del ámbito de los funcionarios públicos. Se visibiliza una gama de actores, con diversos intereses, incentivos, capacidades y grados de poder, que participan en las distintas redes y conexiones al momento de la toma de las decisiones. La resolución de las necesidades públicas no sucede únicamente por el buen diseño de las políticas; es fundamental la calidad de su implementación que, en gran medida, dependerá de las limitaciones y correlaciones de fuerza dentro del Estado.
Se espera, desde el Odep, explorar los distintos abordajes teóricos e ir aproximándonos a un concepto que aplique a la realidad guatemalteca.
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