Imagen tomada de Plaza Pública.
Por Byron S. Morales Dardón*
Los derechos económicos, sociales y culturales abarcan los derechos al trabajo, a la salud, la educación, la vivienda, la alimentación, al acceso al agua y saneamiento, a la seguridad social, a la cultura, entre otros. Uno de los menos mencionados es el derecho de asociación, en particular cuando se refiere a los trabajadores/as, el cual incluye derechos y libertades sindicales protegidos por instrumentos internacionales como la Declaración universal de los derechos humanos, artículo 23.4, Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales –Pidesc–, artículo 8, y los Convenios números 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT–. Los derechos que éstos otorgan son: fundar sindicatos, afiliarse libremente, negociación colectiva, derecho de huelga y fundar federaciones.
El sindicato tiene definidas por la Constitución Política de la República y las leyes del Trabajo, sus funciones, medios institucionales, procedimientos, estructura y la forma de organizarse, sea de empresa, gremial en una misma actividad económica o profesión, en una o varias empresas que sean iguales o bien, de industria –de varias profesiones–; de igual manera, los términos de la representación que ejerce, la negociación colectiva, la huelga y otros.
El sindicato es una forma asociativa y por su papel contradictorio y de lucha frente a la clase propietaria, en la medida que desarrolla su praxis, refuerza y contribuye con otros movimientos –campesinos, populares y sociales– en procesos más amplios de cambio. El sindicalismo tiene una función primordial en dos ámbitos: en la lucha por el reconocimiento al valor del trabajo y en la democratización de la sociedad y del Estado. Por lo mismo, es punto de mira de la lucha ideológica pro patronal y reaccionaria que ha desdibujado a los sindicatos. Pero las prácticas indebidas de algunos trabajadores sindicalizados, también ha generado impactos en su credibilidad y prestigio.
A partir de lo anterior y con base en resultados de una investigación del ICESH sobre el devenir del sindicalismo en Guatemala que abarcó el periodo 1996-2020, en la presente nota se argumenta sobre el valor sustantivo del sindicalismo en el proceso de búsqueda social de cambios que permitan el acceso de la población a condiciones de vida dignas y a la reversión de la realidad injusta de exclusiones sociales, económicas y políticas. El texto tiene cuatro apartados. En el primero se aborda el papel del Estado y de los sindicatos frente al conflicto laboral y las exclusiones; en el segundo, se describen algunos cambios sociales que de diversas formas se intentan ocultar; en el tercero, se tocan las adversidades sindicales actuales y el tipo de práctica sindical en crisis que ha visto disminuido su reconocimiento, aceptación social y afiliación. Por último, se presentan conclusiones.
El Estado regula las relaciones contradictorias y conflictivas entre trabajadores/as y patronos, mediante la legislación del Trabajo. El papel del conflicto laboral es central, pues presiona tanto en dirección de resolver problemas como en la generación de dinámicas colectivas con otros procesos sociales que influyen en el devenir del progreso social. El conflicto se materializa principalmente en la huelga como un elemento catalizador de la acción sindical. El marco constitucional y legal que regula a los sindicatos los define como asociaciones profesionales de trabajadores/as, un medio de representación y defensa de sus intereses y derechos. La negociación colectiva[1] es una de sus facultades y derechos sindicales, cuyo resultado se denomina pacto colectivo de condiciones de trabajo; es ley profesional de obligatorio cumplimiento. Ninguna otra forma asociativa de trabajadores/as que no sea sindicato tiene esa misma facultad.
La sindicalización es parte de la ciudadanía y su reivindicación le articula con otros movimientos sociales. Coartar o facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de sindicalización libre de trabajadores/as para representar y defender sus intereses, es componente de la configuración de un régimen democrático. La democracia es viable siempre y cuando los derechos humanos sean fuente de contenido y de legitimidad del principio de gobernanza que se basa en la legalidad y en la verdad.
En la historia guatemalteca se registran importantes aportes de los movimientos populares, sociales y de trabajadores sindicalizados, como la generación de condiciones y propuestas para hacer viable la negociación política de la paz o la aprobación de leyes con nuevos derechos como la compensación económica por tiempo de servicio, la cual después fue sustituida por una bonificación producto de una maniobra patrono-gubernamental[2]. No obstante, en la actualidad, la existencia de un ciclo bajo de acción reivindicativa sindical denota ausencia de estos movimientos en el escenario sociopolítico nacional e, incluso, implicaciones negativas en la percepción de sus contribuciones, luchas, credibilidad y prestigio. El cuestionamiento sobre lo sucedido demanda aproximarse a fenómenos más allá de las fronteras nacionales para obtener algunas respuestas.
En las últimas décadas, se consolidó una noción de la globalización generada por el conjunto de dinámicas basadas en la interconexión, dependencia, desarrollo de tecnologías de la información y redes globales. Bajo este paradigma, se instaló una razón neoliberal (Brown, 2016) ubicua en el arte de gobernar, en el trabajo, en la jurisprudencia, en la educación, la cultura y en una amplia gama de actividades cotidianas que ha convertido en algo económico el carácter claramente político, el significado y la operación de los elementos constitutivos de la democracia. O sea, todo se convirtió en un asunto de lógica estrictamente económica y motivó, asimismo, una doble ofensiva contra el trabajo y el Estado con pretensiones de desvalorización y relegamiento.
En el modelo de relaciones laborales se han presionado cambios regresivos con intenciones de anular el esquema tradicional donde el Estado es actor protagonista, tutelar y garante de derechos de la clase trabajadora mediante una jurisdicción especializada y el respaldo de sindicatos fuertes. En su lugar, el modelo neoliberal promueve la abstención estatal y la reducción de normas regulatorias. Al disminuir o eliminar las responsabilidades legales de los patronos, la persona trabajadora queda en condición de desprotección. Esta precariedad actúa como una estructura expulsiva, forzando a los trabajadores a rotar de empresa o de actividad para generar ingresos o a migrar afuera del territorio nacional en busca de mejores ingresos y condiciones de vida, convirtiendo a las remesas familiares en el sustento del hogar.
Los efectos sociales incluyen el surgimiento de un individualismo egoísta que sustituye los umbrales de aspiración colectiva, por respuestas individuales de sobrevivencia —enfocadas en la inmediatez de la satisfacción material— y la fragmentación de la reivindicación y resistencia social que pasaron de ser movimientos organizados a esfuerzos sectorizados y territorializados. Esto ha debilitado el potencial de las fuerzas sociales para impulsar cambios democráticos. En Guatemala este torrente se hizo visible desde los años 90, inspirado en la retórica neoliberal de la libertad individual, la privatización de servicios públicos, el libre mercado y la apertura comercial.
Las consecuencias que ocasiona la realidad descrita se ocultan de manera deliberada. Una muestra es que las estadísticas oficiales de empleo en Guatemala proyectan una aparente estabilidad que simula «un paraíso laboral donde el desempleo no existe» (Valdez Cruz, 2023: 159). Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2022), en 2021 de una Población Económicamente Activa –PEA– de 7.4 millones, la tasa de ocupación fue del 97.8% y el desempleo abierto de apenas el 2.2%. En 2025, la PEA ascendió a más de 8 millones de personas, con una población ocupada de 7.9 millones, el 98.1% de ocupación específica, y un subempleo abierto del 13.2% (INE, 2026). Sin embargo, estos datos omiten la discusión sobre la calidad ocupacional.
Tabla 1. Número de personas afiliadas al IGSS, PEA y salario medio, 2020-2025
| Año | Afiliadas | PEA | Salario medio de cotización en Quetzales |
| 2020 | 1,289,882 | —* | Q4,987.05 |
| 2021 | 1,388,248 | 7,407,379 | Q5,030.14 |
| 2022 | 1,479,603 | 7,165,870 | Q5,186.00 |
| 2023 | 1,554,663 | 6,737,744 | Q5,476.84 |
| 2024 | 1,659,137 | 7,728,124 | Q5,661.00 |
| 2025 | 1,742,810 | 8,217,059 | Q5,961.00 |
Fuente: Elaboración propia con base en datos del IGSS (Boletín Estadístico 2020, 2021, 2022 y 2023; Informe Anual de Labores 2024) y de INE (2025). *No hay disponible dato del 2020.
La informalidad y la precariedad se evidencian al contrastar la PEA con el número de personas afiliadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS–, Tabla 1: en el año 2025 de una PEA de 8.2 millones, solo 1.75 millones contaban con cobertura de seguridad social, lo que muestra que la mayoría de la población ocupada sobrevive en la economía informal, con empleos de corta duración, sin contratos formales y bajo un estado de total desprotección. Generalmente, esto conlleva vulneración de derechos –como el pago menor al salario mínimo, de bono 14, aguinaldo y vacaciones, jornadas de trabajo de más de 8 horas y sin pago de horas extraordinarias– y la ocupación de baja calidad o empleo precario que es común. Es más, el salario mínimo que se negocia cada año entre sindicatos, gobierno y patronos, apenas alcanza el valor de la canasta básica, como lo muestra la Tabla 2, mientras otras necesidades adicionales a los alimentos no alcanzan a satisfacerse.
Al contrastar ingresos salariales con el costo de la canasta básica reportado por el INE a inicios de 2026, la vulnerabilidad económica queda al descubierto. La Canasta básica alimentaria –CBA– (INE, 2026a), calculada para un hogar de 4.16 miembros, tenía un costo de Q924.35 per cápita al mes; o sea, Q3,845.29 en total. La canasta básica alimentaria rural de un hogar con 4.8 miembros era de Q713.40 per cápita; en total Q3,424.32 al mes. Puede notarse en la Tabla 2 que los salarios mínimos de actividad agrícola y no agrícola apenas alcanzan para los alimentos y el de la actividad exportadora y de maquila es insuficiente incluso para satisfacer los requerimientos calóricos mínimos de una familia, e impide costear otras necesidades vitales.
Tabla 2. Salario mínimo 2026 por circunscripción económica
| Circunscripción Económica 1 -CE1-Departamento de Guatemala | Circunscripción Económica 2 -CE2- Demás departamentos | ||||
| Actividad | Diario | Mensual | Actividad | Diario | Mensual |
| Agrícola | Q124.64 | Q3,791.20 | Agrícola | Q119.21 | Q3,625.89 |
| No agrícolas | Q131.58 | Q4,002.28 | No agrícolas | Q125.49 | Q3,816.90 |
| Exportadora y de maquila | Q112.10 | Q3,409.73 | Exportadora y de maquila | Q 105.90 | Q3,221.73 |
Fuente: Elaboración propia con base en el Acuerdo Gubernativo Número 256-2025 del MTPS. A esto debe agregarse para cada categoría, la bonificación-incentivo de Q250.00.
Las respuestas individuales a esa realidad resultan insuficientes. El trabajo por cuenta propia, por ejemplo, complementa en muchos hogares los ingresos salariales, es una parte de la solución que, a veces, también acarrea nuevos problemas de desgaste físico y mental, exposición a accidentes y de inseguridad por la situación de violencia social que se vive en especial en zonas urbanas. También genera sensación de falso autoempleo que libera de restricciones de horario o de responder a puestos de jerarquía que están por encima. Al final, lo que queda es la condición de desprotección social y económica, exclusión y desigualdad.
En un periodo relativamente corto de tiempo, hay cambios en la vida de Guatemala con repercusiones diversas: la desaparición de oficios y de empresas –como la panificación o la producción industrial y artesanal de hilatura, de tela, ropa de vestir y de calzado, del gremio ferrocarrilero, de correos y telégrafos, otros– y el surgimiento de opciones nuevas de empleo como las fábricas de lenguaje o centros de llamadas y las plataformas digitales como los servicios de delivery, son algunas. Entre otras de las modificaciones ha sido la ampliación de brechas de desigualdad y de empobrecimiento. De otra parte, la ideología dominante promueve una imagen del Estado como lugar de coerción y de corrupción con sus regulaciones, derechos, impuestos y otros, una «cosa» al margen de la sociedad a la que se identifica como espacio de relaciones económicas y de libertad. La intención es desacreditar al Estado y los derechos sociales.
La emergencia de estos y otros fenómenos recientes han sacudido a los sindicatos existentes y a otras formas de organización popular; han alterado su realidad y la de la sociedad en su conjunto. La acción sindical fue intensa en décadas anteriores y luego fue completamente aniquilada. Ha recomenzado de la nada al menos en tres ocasiones desde principios del siglo XX, pero la potencia de la década de los años 70 ya no fue alcanzada. Pasado el tiempo de los acuerdos de paz y entrado el primer cuarto del siglo XXI, los sindicatos entraron en un proceso de debilitamiento en el que su ausencia en temas de interés nacional es evidente, además que su autoidentificación de clase se fue modificando como uno de los efectos perceptibles de su decaimiento.
El sindicalismo de trabajadores estatales ha sido predominante desde mediados de los años noventa. El del siglo XXI es economicista, administrativo, con propensión al uso exclusivo de las vías legales/formales de trabajo, es menos radical y obrero. La mayoría de los sindicatos tiene baja afiliación y poca capacidad de convocatoria, aunque su presencia en las calles durante movilizaciones tradicionales generalmente es masiva como el 1º. de mayo, Día Internacional del Trabajo, y el 20 de octubre, Día de la Revolución de 1944.
Los datos de afiliación muestran decrecimiento. Diversos estudios (Global InfoGroup,1999; Colectivo de Organizaciones Sociales, 2004; Amézquita, Sandoval y Sandoval S., 2010; y, Morales, 2018) y datos recabados en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, indican que en 1986 había 661 sindicatos inscritos y 67,044 personas afiliadas. En 1996, estaban inscritos 1,210 sindicatos, con 91,452 afiliadas/os –un promedio de 75 personas afiliadas por sindicato, aunque también implica que algunos tendrían más y otros menos–. En el 2010 se contaba con 118,017 afiliadas/os y un total de 1,880 sindicatos, registro que viene desde 1954 hasta ese año; aunque entre el año 1997 y el 2010, se habrían constituido 839 sindicatos. Mientras que en el año 2014 las personas afiliadas eran 214,472 y en el 2018, un total de 160,905. En solo 4 años los sindicatos perdieron más de 50 mil personas afiliadas –entre el 2014 y el 2018–. En las empresas privadas la situación es grave. Entre el año 2018 y el 2020, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social registraba menos de setenta sindicatos en el primer año y poco más en el segundo.
Las implicaciones de este fenómeno en la reivindicación de derechos económicos y sociales, es la relación que se puede hacer de la afiliación sindical y los pactos colectivos de condiciones de trabajo aprobados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Los pactos son el resultado de la negociación colectiva, componente esencial del diálogo social y de mecanismo de redistribución de la riqueza. En diez años, el número y alcance de las negociaciones celebradas reflejan alcances limitados: entre el 2011 y el 2020, hubo 218 pactos que concluyeron las gestiones administrativas en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, frente a un total de 305,713 empresas activas que estaban registradas en la SAT en 2020 (INE, 2021). De éstas, por el tamaño de sus ventas anuales están clasificadas como empresas grandes 1,759, medianas 4,166, pequeñas 26,602 y como microempresas 273,186. Indudablemente, esto lo convierte en fuente poco reconocida y estudiada que repercute en el fenómeno de la acumulación y concentración de la riqueza en Guatemala.
Por otra parte, en ese trayecto de debilitamiento se fueron haciendo visibles desplazamientos en ciertos posicionamientos sindicales. Se ha mostrado rasgos de estrategias, capacidades y acciones diferentes y opuestas en variados aspectos con relación a etapas sindicales anteriores. También hay una realidad inocultable. Hay casos de excesos y abusos en algunos dirigentes, cuya práctica es de baja transparencia. Uno de los efectos de la razón neoliberal ha sido la insuficiente politización de la dirigencia sindical y la penetración ideológica. La consecuencia es de abandono de valores y principios sindicales, lo que hace del economicismo y la ventaja personal lo más sobresaliente y cierta negativa a la movilización, al estudio y debate de los problemas nacionales. En la mayoría de las empresas privadas se carece de organización sindical, lo que se revela a partir de las cifras de empresas existentes, de trabajadores sindicalizados y de negociaciones colectivas efectuadas. Es un parte del gran déficit sindical en la lucha ideológica frente a las patronales, su ofensiva antisindical permanente y la hegemonía neoliberal.
Por supuesto, los problemas están presentes en muchos sindicatos y sindicalistas, pero no en todos. Siguen siendo importantes aliados de las luchas ciudadanas y del reclamo por romper con las manifestaciones cotidianas de injusticia social y exclusiones que afrontan las mayorías en la sociedad guatemalteca.
El sindicalismo guatemalteco actual, es diferente al de décadas anteriores. El peso de las búsquedas individuales de solución de problemas laborales y de satisfacción de necesidades, ha generado desafecciones entre trabajadores/as con relación a los sindicatos. En forma negativa han contribuido corruptelas y abusos de algunas personas sindicalizadas. Más ampliamente, todo el entramado de flexibilización, persecución indirecta del empleo formal y atomización de los puestos de trabajo ha mermado severamente las capacidades de los sindicatos.
El debilitamiento sindical no solo precariza al trabajador de forma individual, sino que despoja a la sociedad civil y al Estado de organizaciones colectivas capaces de presionar por reformas democráticas, el cumplimiento de los derechos humanos y el establecimiento de un verdadero bienestar económico y social. La falta de vigor sindical actual ha debilitado a un actor fundamental en la lucha contra las exclusiones y en la reivindicación de los derechos económicos y sociales. Es tarea de los trabajadores/as su recomposición, actualización y reforzamiento.
Acuerdo Gubernativo Número 256-2025. Salarios mínimos para las actividades económicas por circunscripción económica en la República de Guatemala. (19 de diciembre de 2025). Diario de Centroamérica, No. 74. 1-2. https://es.scribd.com/document/981329962/Acuerdo-Gubernativo-256-2025-1
Amézquita, L., Sandoval, E. y Sandoval S., R. (1999). Segundo Informe Guatemala: El costo de la libertad sindical. Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco. http://www.msicg.org/descargas/2do_Informe_gcls.pdf
Brown, W. (2016). El pueblo sin atributos. La secreta revolución del neoliberalismo. Malpaso.
Colectivo de Organizaciones Sociales. (2004). Balance de la paz, 2004. https://ciidhguatemala.org/wp-content/uploads/2022/07/cos-bal-2004.pdf
Global Infogroup. (1999). En cifras: Guatemala, perfil integral del país. Guatemala Global Infogroup.
IGSS. (2020). Boletín estadístico de afiliación 2020. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. https://www.igssgt.org/wp-content/uploads/2021/06/Boletin-EstadIstico-de-Afiliacion-2020-IGSS.pdf
IGSS. (2021). Boletín estadístico de afiliación. Año 2021. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. https://www.igssgt.org/wp-content/uploads/2022/09/Boletin-EstadIstico-de-Afiliacion-2021-IGSS.pdf
IGSS. (2022). Boletín estadístico de afiliación. Año 2022. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. https://www.igssgt.org/wp-content/uploads/2023/11/Boletin-EstadIstico-de-Afiliacion-2022-IGSS.pdf
IGSS. (2023). Boletín estadístico de afiliación. Año 2023. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. https://www.igssgt.org/wp-content/uploads/2025/01/Boletin-EstadIstico-de-Afiliacion-2023-IGSS.pdf
IGSS. (2025). Informe Anual de Labores. Año 2024. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. https://www.igssgt.org/wp-content/uploads/2025/11/Informe-Anual-de-Labores-2024-IGSS.pdf
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Thwaites Rey, M. (2005). El Estado: notas sobre su significado.En M. Thwaites Rey y A. Lopez (Eds.). Entre tecnócratas globalizados y políticos clientelistas. El derrotero del ajuste neoliberal en el Estado Argentino. Prometeo. 9-21. https://cienciapoliticauces.files.wordpress.com/2019/10/el-estado-notas-sobre-su-significado-thwaites-rey.pdf Valdez Cruz, F. (2023). El empleo de la fuerza de trabajo en la población guatemalteca –Siglo XXI–. Revista Economía, Número 235, enero-marzo.153-187. https://iies.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2023/03/Revista-Economia-num.-235-enero-marzo-2023.pdf
[1] La negociación colectiva es un proceso de diálogo y concertación entre trabajadores/as y uno o varios patronos para acordar condiciones de trabajo, salarios y prestaciones. Constituye una vía de redistribución de riqueza.
[2] La maniobra consistió en la anulación de la Ley de Compensación económica por tiempo de servicio –que tenía un impacto favorable para la persona trabajadora al momento de la terminación de cualquier contrato de trabajo– y la aprobación del «Bono 14» –bonificación anual que solo se obtiene mientras dure un contrato laboral, equivalente a un salario mensual después de un año trabajado–.
*Investigador del Departamento de Ciencias Jurídicas y Políticas del Instituto de Ciencias Socio Humanistas –ICESH–, Universidad Rafael Landívar.
