Por Gabriela Escobar*
El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el cual fue instituido en 2010 por la Asamblea de las Naciones Unidas. Para Guatemala, esta fecha es particularmente relevante porque es el segundo país latinoamericano con mayor número de desapariciones forzadas durante los conflictos armados y dictaduras de la segunda mitad del siglo XX.
El concepto de desaparición forzada se refiere al arresto, detención, secuestro u otra forma de privación de libertad realizada por agentes del Estado o por personas que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer dicho acto y a ocultar el paradero de la persona (Centro Internacional para Investigación en Derechos Humanos y Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzosa en Guatemala, 2020, 13). Este es un delito de lesa humanidad
En Guatemala la desaparición forzada se convirtió en una política de Estado partir de 1966 y continuó a lo largo de todo el Conflicto Armado Interno (CAI). Si bien su propósito central fue desarticular al movimiento revolucionario y de oposición, su impacto fue más profundo ya que aterrorizó a la sociedad en su conjunto.
Comúnmente, las personas detenidas ilegalmente por fuerzas estatales o paraestatales, eran conducidas a cárceles clandestinas e interrogadas bajo tortura durante meses o años, hasta que morían o eran asesinados. Mientras tanto, sus familiares los buscaban en oficinas policiales, cuarteles militares, hospitales y morgues. Los cadáveres de algunas personas desaparecidas fueron hallados poco después de su secuestro en carreteras, barrancos o terrenos baldíos. En otros casos, sus osamentas fueron encontradas décadas después en cementerios clandestinos. Sin embargo, en la mayoría de casos no volvió a tenerse información sobre su paradero.
A nivel popular se maneja la idea de que en Guatemala fueron desaparecidas cerca de 45,000 personas como consecuencia del CAI, pero la Comisión para el Esclarecimiento Histórico únicamente registró 6,159 casos (CEH, 1998, 406). Esta discordancia se debe en parte al reducido número de denuncias presentadas por los familiares de las víctimas debido al miedo a sufrir represalias y a ser estigmatizados. Por otra parte, la Comisión tuvo poco tiempo para realizar la investigación y no se le dio seguimiento en los años posteriores ni se creó una base de datos unificada de personas desaparecidos, de manera que los datos se encuentran dispersos.
Entre las organizaciones dedicadas a buscar y reivindicar a los desaparecidos destacan: el Consejo Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Familiares de Desaparición de Guatemala (FAMDEGUA), Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia con el Olvido y el Silencio (HIJOS) y la Liga de Higiene Mental. Una de sus principales demandas ha sido la conformación de una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas que, justamente, se encargue de crear un registro unificado de desaparecidos y que, además, disponga de los recursos materiales y judiciales para investigar su paradero. Lamentablemente, la falta de voluntad política del Estado, lo ha impedido.
Otra demanda de estas organizaciones ha sido el enjuiciamiento a los responsables de las desapariciones forzosas. En esa dirección se han dado varios avances. En 2009 se lograron las primeras dos condenas por desaparición forzosa contra miembros del ejército; la primera por la desaparición de seis campesinos de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, y la segunda por la desaparición forzosa de ocho habitantes de El Jute, Chiquimula. Posteriormente, se obtuvieron otras condenas por diversos casos: Fernando García (2010 y 2013), Masacre de las Dos Erres (2011); Edgar Sáenz Calito (2012); Edgar Paredes Cheguén (2013); Sepur Zarco (2016) y Marco Antonio Molina Theissen (2018) (Benítez, 2022, 50-51).
Actualmente, se encuentra en proceso el juicio por el caso “Diario Militar” que está relacionado con la desaparición de 183 personas entre 1983 y 1985. Por este caso, en 2022 el juez Miguel Ángel Gálvez envió a juicio a nueve militares de distinto rango, pero poco tiempo después recibió fuertes amenazas a su vida que lo obligaron a salir al exilio. Desde entonces el caso está paralizado. Este caso evidencia la prevalencia de la impunidad en Guatemala y el tortuoso camino que han vivido las víctimas del CAI para acceder a la justicia.
Foto: Simone Dalmasso. Plaza Pública.
Referencias
Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999). Guatemala, memoria del silencio. Capítulo II. Guatemala, Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas.
Centro Internacional para la Investigación de Derechos Humanos (2020). Manual de búsqueda de personas desaparecidas por causas del conflicto armado y experiencias después del reencuentro. Guatemala: GTDF/ CIIDH
Benítez, I. Contramovilización y backlash frente a la justicia penal en la Guatemala de Posguerra. En: Robledo, C. Guglielmucci, A., y Vera, J.P. (coord.) Todavía no. Justicia, democracia y transición en América Latina. Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Rosario y CIESAS.
*Investigadora del departamento de Ciencias Humanísticas, Instituto de Investigación de Ciencias Socio Humanísticas (Icesh) de la Universidad Rafael Landívar.
