Por Gustavo Estrada
El 7 de abril marca el Día Internacional de la Salud, en el cual se evoca la fundación de la Organización Mundial de la Salud en 1948. Desde 1950, este día se conmemora anualmente y se centra en un tema relevante que inspire reflexión y acción. En 2024, el tema elegido es «Mi Salud, Mi Derecho». Esta fecha es una oportunidad significativa para reflexionar sobre la importancia fundamental de la salud en nuestras vidas y comunidades.
Concebir la salud como un derecho humano implica entenderlo como un derecho inclusivo que abarca una amplia gama de factores que contribuyen a una vida sana. Esto incluye el acceso a agua potable, aire limpio, buena nutrición, vivienda de calidad, condiciones de trabajo y ambientales decentes y libres de discriminación, oportunidades de participación y respeto a la cultura. Además, implica tener acceso a servicios de salud, educación e información sanitaria pertinentes.
Desde un punto de vista conceptual, el derecho a la salud implica que todas las personas, sin importar su género, situación económica, edad, etnia, lugar de residencia, situación legal, o condiciones físicas o mentales, deben tener la oportunidad de disfrutar del más alto nivel posible de salud. Esto incluye el acceso a condiciones de vida que favorezcan la salud, la prevención y tratamiento de enfermedades, a la rehabilitación de funciones perdidas, así como los cuidados paliativos y compasivos cuando sean necesarios.
El derecho a la salud requiere la acción habilitadora del Estado para su realización y está sujeto a un progreso gradual. Sin embargo, el Estado debe demostrar la adopción de medidas concretas, deliberadas y específicas para utilizar todos los recursos disponibles y así respetar, proteger y hacer efectivo este derecho. Incluso en situaciones financieras difíciles, el Estado tiene la obligación de garantizar de manera inmediata el acceso a niveles mínimos esenciales de salud. Este derecho, que comprende estas obligaciones esenciales mínimas, es inalienable y debe reservarse un presupuesto para asegurar el acceso y la cobertura universal a los bienes y servicios esenciales de salud.
A pesar de asumir dichas obligaciones, la evidencia muestra que el Estado guatemalteco no ha cumplido con las obligaciones asumidas en materia de derecho a la salud. Por ejemplo, según datos del año 2017 de las Cuentas Nacionales de la Organización Panamericana de la Salud, Guatemala es uno de los países de América Latina con el menor gasto público en salud en relación al PIB (2.10%), y tiene el mayor gasto de bolsillo para atención de enfermedades en los hogares (54.10%) (OPS-OMS, Cuentas de Salud)[1].
Es importante destacar que el uso de recursos públicos para atender las necesidades de salud conlleva un problema de atención diferenciada que afecta a las poblaciones históricamente excluidas.. El financiamiento de la salud es regresivo en términos de atención a las inequidades, entendidas como la presencia de diferencias evitables, injustas o remediables entre grupos de personas debido a sus circunstancias sociales, económicas, demográficas o geográficas.
Con respecto a esto, por ejemplo, según datos del XII de Población y VII de Vivienda 2018 y el presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social[2] del año 2018,
el gasto por persona en salud disminuye a medida que aumenta la proporción de población indígena por departamento. Esto sugiere que hay una forma de discriminación étnica arraigada en la estructura del sistema de salud, donde las áreas con una mayor población indígena reciben menos recursos per cápita para atención médica en comparación con áreas con menor población indígena. En otras palabras, la distribución desigual de recursos revela un patrón de discriminación étnica en el sistema de salud.
En Guatemala, donde las inequidades en salud persisten, es fundamental reconocer que el acceso a la atención médica de calidad no es un privilegio, sino un derecho humano básico. Sin importar nuestra posición socioeconómica, género, etnia, edad o ubicación geográfica, todas las personas tenemos el derecho a vivir vidas saludables y plenas. Sin embargo, la realidad es que millones de personas en el país enfrentan barreras para acceder a servicios de salud adecuados y de calidad. Ya sea por la falta de recursos, la discriminación o la ausencia de una infraestructura que brinde atención a las comunidades que lo necesitan y que se encuentran privadas de este derecho fundamental.
A modo de cierre, el Día Internacional de la Salud nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre el valor intrínseco de la salud y la importancia de considerarla como un derecho humano fundamental. Bajo el tema «Mi Salud, Mi Derecho», es crucial trabajar juntos para asegurar que todas las personas, en cualquier lugar, tengan acceso a la atención médica necesaria para llevar vidas saludables y significativas. Al hacerlo, no solo estaremos mejorando la salud y el bienestar de individuos y comunidades, sino también avanzando hacia un mundo más justo y equitativo para todos.
[1] Consultado el 3 de abrilOPS-OMS Cuentas de Salud, https://www.paho.org/es/temas/cuentas-salud#:~:text=Las%20cuentas%20nacionales%20de%20salud,de%20salud%20de%20un%20pa%C3%ADs
[2] Datos recuperados del Sistema de Contabilidad Integrada del del Ministerio de Salud y Asistencia Social (SICOIN)
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