Análisis del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y Políticas Públicas (ODEP).
Guatemala, noviembre de 2023
El proceso del dictamen favorable del presupuesto 2024, de Q124 mil 880 millones, fue anómalo y careció de discusiones técnicas en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CF)., la cual modificó su distribución en función de intereses políticos. Las variaciones realizadas por dicha Comisión disminuyeron el monto asignado a la inversión social, que tradicionalmente ha sido bajo. En efecto, a partir de la información analizada por el ODEP, adscrito a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección de la Universidad Rafael Landívar, se puede concluir que los recursos destinados al cumplimiento de los derechos de la población guatemalteca, especialmente la educación, el trabajo y la salud, han sido históricamente insuficientes. Para el 2023, la asignación presupuestaria en salud representó el 0.36 % del PIB, en educación el 3.41 % y para atender derechos laborales el 0.03 %. Como agravante, de los escasos recursos para ese año, fue común que ciertas partidas presupuestarias sufrieran recortes. Por ejemplo, se destacan la reducción de Q228.6 en el presupuesto aprobado para educación primaria; así como el recorte de Q76 millones para servicios de vacunación al niño y niña menor de 5 años, conforme al Sistema de Contabilidad Integrada, del Ministerio de Finanzas Públicas (2023). Esta lógica de reducción de la inversión social se repite y exacerba en el proyecto del presupuesto de 2024.
En el dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda para el presupuesto 2024, que el Congreso debe aprobar a más tardar el 30 de noviembre, se redujo el monto propuesto por el Organismo Ejecutivo destinado a la inversión social de la siguiente manera: en salud Q377.5 millones, equivalente a 3 % del total del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; en desarrollo social Q328.5 millones, igual a 18.9 % del total de Ministerio de Desarrollo Social; y en el ramo de agricultura, Q104.3 millones, que representan una disminución del 6.2 % del total del presupuesto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Lo anterior no es coherente con las necesidades de un país con altos niveles de pobreza, desigualdad e inseguridad alimentaria; además de ser una deuda social desde los Acuerdos de Paz.
La reducción en la inversión social contrasta con la inclusión como entes ejecutores a organizaciones no gubernamentales (ONG) sin capacidad demostrada para ejecutar fondos, con falta de rendición de cuentas e incluso algunas vinculadas a diputados, funcionarios públicos o partidos políticos.
Adicionalmente, se introducen aún más rigideces como candados en el gasto y restricciones en el manejo financiero que restan agilidad en la gestión del nuevo gobierno para trabajar sus prioridades y cumplir el mandato dado en las urnas, como condicionar la emisión de bonos para el pago de deuda vencida a la aprobación del Congreso de la República.
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