Protestas llevadas a cabo en 2015 contra el gobierno de Otto Pérez Molina en nombre de la defensa de la democracia. Fotografía de Karen Escobar, Ciudad de Guatemala
Por Gerson Escobar Calles*
La democracia no es un concepto estático limitado al Estado de derecho o a la existencia de procesos electorales. Es un sistema vivo, una arquitectura institucional cuyo valor no reside únicamente en su diseño, sino en su capacidad de proteger a quienes confían en ella. Sin embargo, en Guatemala, sus grietas hoy son más visibles que nunca. Para las juventudes, el significado de este sistema ha dejado de ser un refugio y se ha convertido en una interrogante abierta. No se trata únicamente de la ausencia de dictaduras, sino de la presencia de un vacío más profundo: la fractura entre el ideal democrático y una realidad donde las entidades responsables de garantizar derechos han sido percibidas no como garantes de dignidad, sino como estructuras distantes, incapaces de responder a las necesidades de la ciudadanía.
Como advierte Ferrajoli (2003), la democracia no puede reducirse a un procedimiento electoral ni a la existencia de órganos representativos; su legitimidad depende de garantizar derechos fundamentales y limitar efectivamente el poder. Dentro de estos derechos se encuentran los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), que constituyen las condiciones mínimas necesarias para que las personas y las familias puedan alcanzar un nivel de vida adecuado (Terán, 2007). Bajo esta premisa, el incumplimiento de estos no constituye un problema aislado, sino una señal estructural de debilitamiento. Cuando los derechos no se cumplen en la vida cotidiana, el régimen político corre el riesgo de reducirse a una organización procedimental vacía: un edificio cuyo diseño promete protección, pero cuyos cimientos son incapaces de sostener la vida de sus ciudadanos.
Por lo tanto, frente a la situación descrita anteriormente, entre septiembre y octubre de 2025, se encuestó a 60 estudiantes de las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias de la Salud, Ciencias Ambientales y Agrícolas, y Arquitectura y Diseño de la Universidad Rafael Landívar (URL) con el objetivo de medir la percepción juvenil sobre la situación política del país y el respeto a los DESCA. El instrumento consistió en una encuesta estructurada que incluyó preguntas abiertas y de escala tipo Likert, permitiendo explorar datos cuantitativos y cualitativos. El estudio fue exploratorio, con el fin de obtener una aproximación de cómo las juventudes universitarias perciben la relación entre sistema de gobierno, instituciones y derechos en el contexto sociopolítico actual.
A partir de dicho ejercicio, la presente nota muestra parte de los resultados obtenidos, enfatizando la tensión entre la valoración del modelo político como ideal y el escepticismo sobre su funcionamiento práctico, especialmente en lo relativo al cumplimiento de los DESCA. En otras palabras, la brecha entre la estructura formal del sistema de gobierno y su materialización en la vida social.
El censo del desencanto: la opinión de las juventudes universitarias sobre la democracia
Los resultados de las encuestas evidenciaron que la experiencia de las juventudes con las entidades públicas no es homogénea, sino que varía según las áreas de formación y los contextos desde los cuales se observan los problemas nacionales. A continuación, se describen parte de dichas vivencias, enfatizando sobre: 1) la percepción juvenil sobre la injerencia de la democracia en el presente; 2) la conceptualización de la democracia; 3) la encrucijada sobre la democracia moderna.
Sobre el primer punto mencionado, el primer hallazgo evidenció la brecha significativa entre el ideal democrático y la evaluación que los estudiantes realizan sobre su funcionamiento en el país. El 48% de las personas encuestadas calificó el nivel democrático nacional como bajo o insuficiente. Esta valoración pareciera suponer una disminución de la confianza en las entidades responsables de garantizar y responder a las necesidades sociales; sin embargo, también resalta la idea del sistema de gobierno actual como un principio normativo necesario.
Las instituciones estatales, según el 40% de las personas encuestadas, lejos de ser percibidas como mecanismos efectivos de protección y estabilidad, aparecen asociadas a limitaciones en su capacidad de respuesta frente a problemas estructurales como el acceso a servicios básicos, la seguridad o la igualdad de oportunidades.
La Figura 1, indica que en este contexto la legitimidad del sistema político se ve condicionada por la experiencia cotidiana de su funcionamiento. Cuando las autoridades no logran cumplir el rol que se les atribuye normativamente, la valoración positiva tiende a disminuir, generando un escenario de distancia entre ciudadanía y Estado que constituye uno de los principales hallazgos del estudio.
Sobre la conceptualización de la democracia, el 30% de los estudiantes encuestados la asocia principalmente con el sistema electoral y los procesos de elección de autoridades, mientras que dimensiones como la participación ciudadana (25%) y la garantía de derechos (21%) aparecen en posiciones secundarias. Este resultado sugiere que, para una parte importante de la juventud universitaria, la comprensión del sistema democrático se mantiene predominantemente vinculada a su dimensión procedimental.
La menor asociación entre democracia y garantía de derechos resulta particularmente relevante, ya que no necesariamente refleja una desvalorización de los derechos por parte de los estudiantes, sino una desconexión entre estos y la experiencia práctica del sistema político. Aunque el 24% de los participantes reconocen la importancia de los derechos para el bienestar social, la percepción de que estos no se cumplen de manera efectiva contribuye a que dejen de vincularlos con el funcionamiento democrático cotidiano. En este sentido, cuando los Desca no se perciben como realidades tangibles, la democracia tiende a ser interpretada principalmente a través de su dimensión electoral. Como se observa en la Figura 2, esta categoría predomina en la conceptualización de los encuestados, desplazando la relación entre instituciones y derechos dentro de la evaluación ciudadana. La práctica democrática se reduce entonces al momento de la votación, mientras que la relación entre instituciones, derechos y condiciones de vida queda desplazada dentro de la evaluación ciudadana.
La centralidad del componente electoral puede interpretarse como el resultado de un contexto donde los procesos políticos visibles se concentran en las elecciones, mientras que la garantía efectiva de derechos se percibe como limitada o distante. Esta situación contribuye a una comprensión parcial del sistema democrático y condiciona las expectativas que la juventud deposita en él, especialmente en relación con su capacidad para mejorar las condiciones de vida.
Sobre la encrucijada de la democracia moderna, al interpretar los hallazgos del estudio, como nos enseña la figura 3, se observa que la tendencia a comprender la democracia principalmente desde su dimensión electoral esta orgánicamente relacionada con la baja confianza en las entidades públicas, específicamente en su deber de dar una garantía integral a los derechos de los ciudadanos. Estos elementos culminan en configurar un escenario de fragilidad en la legitimidad del sistema político. Como advierte O’Donnell (2010), cuando los regímenes democráticos pierden capacidad de respuesta frente a las demandas sociales, pueden derivar hacia formas delegativas, caracterizadas por la concentración del poder y el debilitamiento de los mecanismos de control institucional. Los resultados obtenidos sugieren que una percepción prolongada de ineficacia estatal puede contribuir a este tipo de dinámicas, al erosionar la confianza ciudadana en la capacidad del sistema para resolver problemas concretos.
En este contexto, la apertura observada hacia posturas neutrales o favorables frente a un gobierno de “mano dura” adquiere especial relevancia. Este posicionamiento no necesariamente implica rechazo al modelo democrático como principio, sino que puede interpretarse como reacción frente a la percepción de inseguridad, desigualdad y limitaciones en la garantía de derechos. Cuando los gobiernos no logran cumplir las expectativas asociadas a su función protectora, las promesas de orden inmediato pueden adquirir legitimidad social, aun cuando impliquen riesgos para las libertades y los controles institucionales.
Las percepciones identificadas en este estudio no indican el abandono del ideal democrático por parte de la juventud universitaria, pero sí evidencian la disminución en la confianza hacia su funcionamiento institucional. Más que crisis de valores democráticos, los resultados sugieren crisis de credibilidad, en la que la legitimidad del sistema se encuentra condicionada por su capacidad de traducir principios en condiciones de vida tangibles. En este sentido, el fortalecimiento democrático no depende únicamente de reformas formales, sino de la reconstrucción de la relación entre instituciones, derechos y ciudadanía mediante la garantía efectiva de derechos.
Ferrajoli, L. (2003). Sobre la definición de “democracia”. Una discusión con Michelangelo Bovero. Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, (19), 227–240.
https://www.scielo.org.mx/pdf/is/n19/n19a10.pdf
O’Donnell, G. (2010). Revisando la democracia delegativa. Casa del Tiempo, Época IV(31), 1–8. https://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/31_iv_may_2010/casa_del_tiempo_eIV_num31_02_08.pdf
Sandoval Terán, A. (2007). Comprendiendo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). DECA Equipo Pueblo.
*Estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, primer año.
