Elizabeth Arévalo*
Cada 30 de agosto se conmemora el Día mundial de las víctimas de desapariciones forzadas, una fecha importante para recordar sus historias y visibilizar las distintas luchas de los familiares por honrar su memoria y mantener la búsqueda de sus seres queridos. Para Guatemala, este día cobra relevancia, pues durante el conflicto armado interno (CAI)(1960-1996), miles de personas fueron desaparecidas por agentes del Estado. Por esta razón, el presente texto busca reconocer los esfuerzos vigentes de las familias y organizaciones sociales que trabajan por reconstruir sus historias y alcanzar la justicia.
¿Qué es la desaparición forzada?
La Desaparición Forzada se define como, la privatización de la libertad a una o más personas cometida con autorización o apoyo del Estado, seguida de la negativa a reconocerla o informar sobre el paradero de la persona, impidiendo así el acceso a recursos legales y garantías procesales (Organización de los Estados Americanos,, 1994). Investigadores que han estudiado esta problemática (Monroy, 2003; Pitchot, 1995) establecen que estos actos impactan a las personas expuestas de forma directa e indirectamente. La exposición directa comprende agresiones que implican riesgo de muerte, tortura, violación y vejaciones. La exposición indirecta, por su parte, se manifiesta cuando las personas presencian tragedias, reciben noticias sobre hechos violentos o trágicos que afectan a familiares, o se enteran de eventos traumáticos en su entorno cercano.
En Guatemala, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999), registró cerca de 45000 desapariciones forzadas durante los 36 años del CAI. De estas 5000 fueron niños y la gran mayoría eran indígenas mayas. La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) (2021) identificó los obstáculos claves que impiden la rendición de cuentas por los crímenes cometidos bajo el derecho internacional. Uno de estos se le atribuye al Estado, por su deficiencia en la independencia judicial y la falta de autonomía de los fiscales del país. Dichas falencias provocan que los procesos judiciales relacionados con graves violaciones a los derechos humanos se vean constantemente estancados o debilitados.
En este sentido, la CIJ (2021) responsabiliza al Estado porque sus instituciones no garantizan un sistema de justicia imparcial y efectivo. La dependencia política de jueces y fiscales, así como la injerencia de actores con intereses contrarios a la justicia, han obstaculizado de manera sistemática las investigaciones sobre desapariciones forzadas. Esta situación ha derivado en la falta de investigaciones serias, la dilación de los procesos judiciales y la ausencia de sentencias firmes, lo cual limita el acceso de las víctimas y sus familiares a la verdad y a la reparación. Es por eso que, frente a estas limitaciones institucionales, han sido los grupos de la sociedad civil y los familiares de las víctimas quienes han provocado mayor incidencia.
Acción social ante la ausencia de justicia por parte del Estado
Entre 1990 y 1991, grupos de sobrevivientes del CAI junto con familiares de víctimas denunciaron la existencia de fosas clandestinas en sus comunidades. A partir de estas acciones, se realizaron las primeras investigaciones forenses con apoyo limitado del sistema judicial guatemalteco. Sin embargo, ante la falta de capacidad institucional y la necesidad de garantizar procesos científicos confiables, los familiares de las víctimas buscaron asistencia internacional. Fue así como contactaron al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuya experiencia permitió promover la creación del Equipo Guatemalteco de Antropología Forense, que posteriormente se consolidó como la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) (International Commission of missing persons, 2024).
La FAFG ha sido clave en la identificación de víctimas, principalmente por su proceso multidisciplinar que permitió identificar a más de 3 800 personas (FAFG, 2025). Uno de los casos recientes de la organización es el del cementerio de La Verbena, en el cual se encontraron varios nichos que presentaban la mezcla de distintas osamentas, las cuales no correspondían con el nombre de quien se encontraba sepultado. De estos casos se han exhumado más de 16 800 restos, de los cuales, para el 2025 sólo se han podido identificar 19 (Ru, 2025).
Además de instituciones que se han orientado a identificar víctimas del CAI, también hay organizaciones sociales y de familiares que han buscado acompañar a las familias en la búsqueda de justicia. Entre algunas de estas se encuentran:
Parte de las organizaciones mencionadas anteriormente, como FAMDEGUA y GAM, han trabajado junto con FAFG recogiendo testimonios, muestras genéticas y realizando ceremonias mayas. Esta colaboración ha permitido aportar pruebas en juicios por genocidio y desapariciones, incluyendo casos como el de Creompaz. Este caso es llamado así por la antigua base militar de Cobán, Alta Verapaz, donde ahora funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento De Paz (CREOMPAZ). En esas instalaciones funcionó el más grande de los centros de detención, tortura y exterminio clandestinos que operó el Ejército de Guatemala durante los años del conflicto armado interno (1960-1996). La exhumación fue realizada por la FAFG y se lograron identificar a 128 víctimas por medio de pruebas de ADN, vinculadas con desapariciones ocurridas entre 1981 y 1988 (Rodriguez, 2021).
El proceso judicial del caso CREOMPAZ inició en 2016 con la captura de 14 militares retirados acusados de desaparición forzada y delitos de lesa humanidad, basados en las evidencias recuperadas en la antigua Zona Militar No. 21. Sin embargo, tras años de retrasos por recursos interpuestos, en noviembre de 2024 la Sala Segunda de Apelaciones de Guatemala resolvió anular el proceso, revocar las órdenes de captura y decretar la libertad de los acusados, argumentando irregularidades procesales. Esto implicó que, pese a la magnitud de las pruebas forenses y testimoniales, hasta la fecha no exista una sentencia firme que responsabilice a los implicados en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en ese sitio (Rojas, 2024).
Aunque la desaparición forzada fue un medio implementado por el Estado durante el conflicto armado interno, hoy ese mismo, según la Comisión Internacional de Juristas (2021), representa uno de los principales obstáculos para alcanzar la verdad, justicia y reparación. Las anulaciones de procesos como el de CREOMPAZ y la impunidad que rodea a muchos de los responsables de otros casos, nos hace pensar que, lejos de garantizar derechos a las víctimas y sus familias, las instituciones continúan en negación y en silencio a lo sucedido. De esta manera, los avances logrados por organizaciones civiles, colectivos de familiares y equipos forenses se enfrentan a limitaciones, provocando que perpetúe así la deuda histórica con las víctimas de desaparición forzada en Guatemala.
Referencias
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Monroy, I., & Roberto, M. (2003). Psicotrauma en sobrevientes de guerra en Guatemala. Medicina legal de Costa Rica, 20(2), 87–96. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152003000200009
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*Estudiante auxiliar del departamento de Ciencias Jurídicas y Políticas, Instituto de insvestigación de Ciencias Socio Humanísticas (ICESH) de la Universidad Rafael Landivar.
